En los últimos días, un tema inesperado entró en la agenda pública. El pavimento de un tramo de Vespucio Oriente apareció tan dañado que la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, decidió grabar un video para mostrarlo. Lo subió a las redes institucionales de la comuna, especialmente al Instagram @munilascondes. Caminó por el sector y enfocó los baches con el celular. Acusó al Ministerio de Obras Públicas y a la ministra Jessica López por la falta de reparación. Reclamó que la obra tenía contrato, pero no presupuesto. Lo llamó peligro. Lo repitió. Para buena parte de la gente, fue otra discusión entre autoridades. Para quienes trabajan con flotas, no pasó desapercibido.

El MOP respondió más tarde con un comunicado. Hablaron de obras programadas y de trabajos en carpeta. La respuesta administró el conflicto como si fuese cualquier otro trámite. En la calle, mientras tanto, nada cambió. Los conductores que pasaban por ese tramo ajustaban la velocidad para evitar golpes. Quienes iban más rápido terminaban frenando de manera brusca cuando el pavimento se levantaba sin aviso.

En las flotas ese tipo de situaciones no sorprende. Las rutas malas están identificadas hace años. No aparecen en los informes formales y rara vez se mencionan en los discursos públicos. Se escuchan en los patios de carga, cuando un conductor dice que viene “por la zona mala” y el encargado de mantenimiento ya sabe qué piezas revisar. Son daños que no deberían ocurrir, pero se repiten hasta volverse parte de la operación.

Los encargados de operaciones observan el efecto en las plataformas de telemática. Revisan gráficas donde la vibración aumenta siempre en los mismos kilómetros. Revisan curvas donde el consumo se dispara. Revisan rutas donde la suspensión trabaja al límite. Los datos no necesitan interpretación elaborada. El desgaste está ahí y avanza sin esperar autorización.

Mientras la discusión entre la alcaldesa y el ministerio acumulaba comentarios en redes, los camiones seguían su ritmo. Para los conductores, el conflicto institucional queda lejos. Lo concreto es la calle. El trabajo se hace con lo que tiene enfrente. En varios sectores de Santiago y en muchas regiones, lo que tiene enfrente son rutas donde hay que elegir entre el camino dañado o un desvío que complica todavía más los tiempos.

La logística chilena depende de esa infraestructura aunque en las conversaciones más amplias casi nunca aparece. Se habla de eficiencia, de digitalización, de entregas rápidas. La base que sostiene todo eso, el pavimento, no recibe el mismo espacio. Una ruta dañada puede generar más reparaciones que un mes completo de uso normal. Puede sumar horas-hombre que no estaban presupuestadas. Puede comprometer entregas en sectores donde el margen es mínimo.

La telemática muestra ese impacto de manera constante. No desde un juicio, sino desde los hechos. Un país que aparece distinto cuando se revisan los patrones con atención. Hay tramos que funcionan bien y otros que se degradan más rápido de lo que se repara. El conflicto entre Las Condes y el MOP solo puso una cámara sobre uno de esos puntos.

Quizás la polémica empezó como un cruce político, pero el problema va más allá. Afecta al transporte de carga, al reparto de última milla y a los buses que atraviesan la ciudad. Afecta a quienes mueven mercadería, insumos médicos, alimentos o materiales de construcción. Cada falla en la infraestructura altera el día de quienes dependen del movimiento continuo. Ocurre en silencio, repetido hasta parecer parte de la rutina. Ese movimiento no espera licitaciones ni presupuestos nuevos.

En esta discusión hay algo que casi nunca se menciona. La calle no distingue quién tenía la responsabilidad. Lo único que muestra es su estado. La logística tampoco puede detenerse mientras se resuelve el trámite administrativo. Las empresas ajustan lo que pueden. Cambian rutas. Adelantan mantenciones. Reemplazan piezas antes del ciclo previsto. El costo real queda ahí. No queda en los comunicados.

El video de la alcaldesa siguió circulando durante varios días. Algunos matinales retomaron la disputa. El comunicado del MOP tuvo el mismo recorrido. En la ruta, nada cambió. Los conductores completaron sus recorridos y es posible que hayan escuchado la discusión entre la alcaldía y el ministerio mientras avanzaban por los mismos tramos dañados. Los encargados de operaciones revisaron alertas nuevas. El registro telemático sumó otra jornada de vibraciones, golpes y frenadas bruscas.

La discusión probablemente continuará entre instituciones. Según San Martín, la Municipalidad de Las Condes ha oficiado al MOP en siete oportunidades desde 2023. Afuera, mientras tanto, en los trayectos que sostienen la ciudad, los vehículos seguirán pasando por los mismos metros dañados. Cada uno dejará una señal en su historial. No es un dato político. Es lo que ocurre cuando la infraestructura no acompaña. Y es esa realidad, no las declaraciones, la que termina mostrando cómo se mueve Chile hoy.